La prospección de fronteras azules: geopolítica y petróleo en la controversia del Esequibo entre Venezuela-Guyana

Abstract

“La prospección de fronteras azules: geopolítica y petróleo en la controversia del Esequibo” es fruto de un profundo, extenso y exhaustivo trabajo de investigación, a lo largo de muchos años. Se trata de una obra de la mayor relevancia, sobre la controversia por el Esequibo, en la actualidad. Es realmente notable el número y la calidad de referencias bibliográficas, pero sobre todo documentales que el Autor nos presenta. Ricardo De Toma es Abogado de la Universidad de Carabobo (Venezuela), Doctor por el Programa de Postgrado en Estudios Estratégicos Internacionales (PPGEEI) de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y Máster en Sociedad y Fronteras (PPGSOF) por la Universidad Federal de Roraima. Actualmente es Investigador en varias instituciones académicas y militares en Brasil. A partir de la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental ese tratado. En el Acuerdo, se establece que hay “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. Guyana siempre ha afirmado que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras que Venezuela, por su parte, ha sostenido que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra también menciona que el Secretario General de la ONU, si las partes no llegasen a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse. Desde la misma firma del AG en 1966, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha sido el medio preferido por Guyana. El Acuerdo de Ginebra tiene el mérito de reabrir el caso y acabar con la invulnerabilidad jurídica del Laudo de París de 1899 y la presunción de cosa juzgada. Sin embargo, mientras no se logre la solución de la controversia, el Acuerdo deja a Guyana la posesión del territorio en reclamación, con las consecuencias y ventajas que eso significa. No obstante, basándose en el artículo V del Acuerdo, todos los gobiernos venezolanos desde 1966, se habían opuesto a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos en la zona en reclamación. El propio presidente Chávez, el 19 de marzo y el 1 de abril de 2000, expresó su enérgica oposición al otorgamiento de una concesión a la empresa estadounidense Beal Aerospace Technologies, para construir una plataforma de lanzamiento de satélites en el Esequibo. Obviamente, el mantenimiento del “status quo” es, para Guyana, una alternativa preferible a un acuerdo negociado, que implicaría algún tipo de concesión territorial a Venezuela. Por tanto, la posibilidad de desestimular los proyectos de inversión foránea en el Esequibo era una de las escasas herramientas que Venezuela tenía, para deteriorar las ventajas que la posesión del territorio le concede a Guyana. En marzo del 2004, en cambio, el presidente Chávez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente una de las pocas armas de negociación venezolanas. En febrero del 2007, el Presidente Chávez afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del Gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno autónomo de izquierda (pero todavía no independiente) del Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan, Al parecer, el Presidente Chávez repitió una declaración similar del entonces embajador guyanés en Caracas, Odeen Ishmael, a un periódico de su país. El mismo embajador, en una entrevista concedida al diario El Nacional, sustentándose en esa declaración presidencial, afirmó que el presidente Chávez debería “dar un paso al frente para retirar el reclamo venezolano”. En realidad, la reactivación de la reclamación fue un proceso absolutamente autónomo, dentro del gobierno venezolano, provocado por la inminencia de la independencia de Guyana. Desde 1989, las negociaciones bilaterales eran asistidas por un “Buen Oficiante”, nombrado por el Secretario General de la ONU, sin llegar a ningún acuerdo. Es evidente que las declaraciones de Chávez en el 2004 y sobre todo las del 2007, deben haber creado las condiciones para que, en el gobierno guyanés, se fortaleciera la idea de que, para Venezuela, la reclamación del Esequibo era de un interés secundario en su escala de prioridades. Y, “curiosamente”, como nos hace notar De Toma, es precisamente en el 2007 que EXXON sale, “de mala forma”, de Venezuela y eleva considerablemente su interés en Guyana. A finales de 2013, con el inicio de la “era petrolera” en Guyana y después de la detención, por parte de la Armada venezolana, del barco de exploración sísmica Tecnik Perdana, el gobierno guyanés manifestó que, tomando en cuenta que el proceso de los Buenos Oficios no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia, proponía, para terminar de una vez la controversia, que el Secretario General optara por llevar el caso a la CIJ. El gobierno Maduro, tercamente insistió en continuar con los Buenos Oficios, en cambio de proponer otro de los medios de solución, como la Mediación o el Arbitraje “ex aequo et bono”, por ejemplo. Esto llevó a que dos Secretarios Generales de la ONU, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, de acuerdo con el último Buen Oficiante, el noruego Dag Nylander, decidieron escoger la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como medio para solucionar la controversia. Además, la Corte, en contra de la posición venezolana, ha decidido que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo de 1899. Es obvio que, para Guyana, la controversia con Venezuela siempre ha sido percibida como existencial para la supervivencia del Estado guyanés, por tanto, enfrentar la reclamación venezolana tiene el máximo nivel en la escala de prioridades de la política exterior. La diplomacia fue y sigue siendo el instrumento defensivo de mayor peso frente a Venezuela. El primer canciller de Guyana, Sridath Ramphall, lo expresó con estas significativas palabras, refiriéndose a los primeros años de su misión: “Esos fueron los años que nos vieron ocupar nuestro lugar en la comunidad internacional y aprender, a través de los duros, pero irremplazables métodos de la experiencia, el arte y la tecnología de la autodefensa nacional por la vía de la acción internacional.” Efectivamente, es fácil comprobar que cada vez que la reclamación venezolana se reactiva, Guyana busca inmediata e intensamente el apoyo de países claves como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil. En el área multilateral, los esfuerzos se dirigen hacia el Commonwealth, CARICOM y el Movimiento de los Países No-Alineados, del cual Guyana fue su primer miembro en Sudamérica. El eje portante de la estrategia defensiva guyanesa consiste en lo que podríamos calificar como la “internacionalización” del conflicto, que se concreta en denunciar la “agresión venezolana” en toda instancia internacional posible, bilateral o multilateral. La imagen que se trata de proyectar es de una Venezuela, imperialista, poderosa, grande, agresiva y racista; frente a Guyana afroasiática, tercermundista, no alineada, débil, pequeña, pacífica y de color. Dentro de esta perspectiva, Venezuela es un país irrespetuoso de algunos de los principios fundamentales para la coexistencia pacífica entre los Estados, como el respeto a la integridad territorial, el “pacta sunt servanda”, la intangibilidad de las fronteras internacionales reconocidas y la autodeterminación de los pueblos. Se enfatizan las posibles consecuencias disruptivas de la reclamación venezolana sobre la estabilidad del sistema internacional en general, Las siguientes palabras de Burnham son muy claras al respecto: “La reclamación venezolana tiene unas connotaciones y una importancia que van más allá de Guyana. Primeramente, si el tentativo de abrogar unilateralmente un tratado internacional se convirtiera en norma ¿Qué sucedería con los acuerdos entre las naciones? ¿Qué pasaría con las fronteras y los límites en Europa, Asia y África y más cerca de casa, en América Latina? ¿Qué caos sería? ¿Qué problemas deberían enfrentar los Estados Unidos si todas las naciones de América Latina, incluyendo México, quisieran modificar sustancialmente sus fronteras? ¿Qué hay de Texas, Nuevo México y California?” En fin, la táctica de Guyana consiste básicamente en la búsqueda de aliados y la formación de coaliciones defensivas. En el marco de estas tácticas de internacionalización y “securitización” subrayadas por el Autor, habría que agregar el interés que, por muchos años tuvo el gobierno guyanés de poblar el Esequibo, en general, pero en particular con habitantes que podrían complicar la recuperación potencial del territorio por parte de Venezuela. El caso más relevante fue, en los años ’70, la fundación de un pueblo: Jonestown, por parte de una secta norteamericana el Templo del Pueblo, liderizada por un sedicente “obispo” Jim Jones. Al respecto es interesante destacar las siguientes líneas del libro del Latin American Bureau sobre Guyana:” The Fraudulent Revolution” (1984): “Para el gobierno de Guyana, uno de los propósitos útiles atendido por la existencia de Jonestown era que una población de ciudadanos norteamericanos en un territorio reclamado por Venezuela crearía las condiciones para una intervención de los EEUU en apoyo de Guyana en el caso de una invasión venezolana del territorio.” Las siguientes frases del mismo Jim Jones dirigidas en 1977 a un ministro guyanés, no dejan dudas al respecto: “Yo le prometo que, junto con todo mi pueblo, moriré defendiendo sus fronteras…. Recordemos que el experimento de Jonestown terminó en 1978 con el homicidio-suicidio en masa de alrededor de 900 personas, También hubo un plan “no nato” de reubicar 30.000 refugiados laosianos de la tribu Hmong (Meo), en los años ’70, a raíz de las guerras en Indochina. En la actualidad, la táctica de “securitización” está obviamente atada a las numerosas inversiones petroleras, analizadas por De Toma. En particular hay que destacar la presencia de la EXXON-MOBIL, en la enorme concesión Stabroek, en la cual, por cierto, está presente, con el 25% de las acciones, la compañía nacional china CNOOC. En cuanto a la posición de los gobiernos norteamericanos respecto a la reclamación venezolana del Esequibo, es interesante mencionar que Kennedy, con sus excelentes relaciones con Betancourt, vio con muy buenos ojos la reactivación de la reclamación en 1962. En cambio a partir del presidente Johnson la posición de EEUU pasó a ser básicamente “neutral”, sólo apoyando una solución pacífica de la controversia. Ahora, el gobierno Trump, respalda claramente la posición guyanesa. El presidente Maduro ha reafirmado que definitivamente su gobierno desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para solucionar la controversia con Guyana sobre el territorio Esequibo. Dice que la CIJ está controlada por los EEUU y la Unión Europea, que Venezuela rechaza el “colonialismo judicial” de Occidente y que el único camino para resolver la disputa es la negociación bilateral, prevista en el Acuerdo de Ginebra. El Autor, entre la gran cantidad de mapas sumamente interesantes y valiosos que nos presenta en su obra, está el mapa de su propuesta para una posible “solución integral a la controversia”. Solución que quizás hubiese podido ser el resultado razonable y ciertamente más equitativo, tomando en cuenta la correlación de fuerzas entre el Imperio Británico y Venezuela, del Laudo de 1899. Ahora bien, en relación a la negociación bilateral y la posible “solución practica” que podría resultar de la misma, creo necesario subrayar el siguiente dilema que ha tenido y tendrá cualquier gobierno venezolano. Tomando en cuenta que la reclamación venezolana abarca las 2/3 partes del territorio que Guyana considera suyo, cualquier solución práctica que Guyana pueda realistamente ofrecer será siempre una cesión reducida del territorio en reclamación. Al respecto es relevante recordar que en 1970 se firmó el Protocolo de Puerto España, que suspendía, por doce años, el funcionamiento del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra que obligaba a las partes, en caso de no haber acuerdo sobre el arreglo definitivo de la controversia, y no haber acuerdo tampoco sobre la selección de uno de los medios de solución pacífica de controversias, previstos en el art. 33 de la Carta de la ONU, a acudir al Secretario General de la ONU, para que escogiera uno de esos medios. La suspensión del funcionamiento del Artículo IV, no significaba la congelación, como se ha afirmado erróneamente, de las negociaciones entre los dos países y en efecto, en 1977,en las negociaciones entre Isidro Morales Paúl y el Canciller Fred Wills, el gobierno Burnham aceptó, en privado, discutir la hipótesis de ceder a Venezuela un territorio entre 15.000 y 5.000 Km2, con costa adyacente al estado Delta Amacuro, con relevante proyección en áreas marinas y submarinas, a cambio de ventajas económicas, como el apoyo venezolano para el proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni, la interconexión eléctrica, la financiación de la factura petrolera y la compra de arroz a precios superiores a los que rigen en el mercado internacional. Muchas de estas ventajas, por cierto, durante las últimas décadas, se le ha concedido a Guyana, a cambio de nada. Es evidente que aceptar bilateralmente una porción reducida de territorio, implicó e implicará siempre, para cualquier gobierno venezolano, costos políticos internos muy elevados. Lo cual ha sido una de las razones más relevantes para que, desde 1989 hasta el 2013, parece que la dilación indefinida del “status quo”, a través del proceso de los “buenos oficios” fue la opción tácita preferida por ambos gobiernos. En 1978 Argentina y Chile estuvieron a las puertas de una guerra por una controversia territorial en el Canal de Beagle, que ni el Laudo británico (1977), ni las negociaciones directas habían podido resolver. La solución se dio por la Mediación del Papa Juan Pablo II. En efecto, la intervención de un tercero en buena fe y con “auctoritas” puede hacer políticamente “digeribles” soluciones difíciles de aceptar bilateralmente. En el 2026 o en el 2027, la Corte Internacional de Justicia dictará su sentencia. Maduro afirma que no respetará esa sentencia y que Guyana estará obligada a negociar con Venezuela. Guyana ciertamente negociará, particularmente la delimitación de áreas marinas y submarinas, pero muy probablemente, a la luz de una sentencia de la CIJ a su favor y el respaldo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Por cierto, Brasil, China y la India, además de los EEUU, la UE, Gran Bretaña y Canadá, entre muchos, ya están incrementando sus inversiones en el Esequibo. Al respecto, hay que subrayar que, independientemente de la reclamación del Esequibo, en los centenares de miles de kilómetros cuadrados de la Zona Económica Exclusiva y de la Plataforma Continental que proyecta el territorio venezolano del Delta del Orinoco, hay inmensos recursos petrolíferos y Guyana ha concedido arbitrariamente vastas concesiones a transnacionales que incluyen áreas marinas y submarinas que proyectan tanto el territorio esequibo, como el estado venezolano del Delta Amacuro. De Toma detalla en profundidad las implicaciones geopolíticas y los intereses económicos involucrados en la controversia. La obra de De Toma es, sin ninguna duda, una investigación sumamente valiosa y es de lectura obligada para la comprensión de la controversia en la actualidad.